La nueva política agraria europea propiciará el mantenimiento de la actividad
El campo español está estos días más pendiente de Bruselas que de costumbre. Sabe que dentro de poco más de dos semanas se acotará el debate sobre el que será su marco de actuación a partir de 2014 con la nueva Política Agraria Común (PAC) de la que poco a poco, y con cuentagotas, se han ido conociendo algunos aspectos que serán confirmados por el comisario de Agricultura, Dacian Ciolos en la presentación que efectuará el 17 de noviembre.
Según la comunicación de la Comisión Europea sobre la revisión del presupuesto de la UE presentada hace un par de semanas, el Ejecutivo comunitario espera mucho más del sector agrario. Quiere que sea «próspero» y que contribuya a la cohesión europea, a la lucha contra el cambio climático, a la protección del medio ambiente y la biodiversidad, a la salud ya la competitividad, así como a la seguridad alimentaria, aunque es consciente de que para conseguirlo son necesarias una serie de reformas, que es en lo que se emplean ahora a los dirigentes de Agricultura.
Desde hace más de cuarenta años, la PAC recibe el mayor porcentaje del presupuesto de la UE y, aunque la tendencia a reducirse es inevitable, la Comisión asegura que la agricultura seguirá contando con «una inversión pública importante», lo que se puede interpretar como un rechazo a la renacionalización de las ayudas que había estado en debate. No obstante, en este apartado de la financiación, el Ejecutivo europeo se plantea una serie de modificaciones que tienen que ver con los pagos directos a los que se destinan más de un tercio de los ingresos agrícolas.
Debate sobre los derechos
Hasta ahora se están aplicando lo que se denominan derechos históricos que se han mantenido inalterables durante la última década, con lo cual, la Comisión entiende que debe adaptarse a la realidad actual y para ello abre a debate algunas consideraciones.
En un primer borrador filtrado hace un mes a las organizaciones agrarias, la Comisión Europea rechaza la aplicación de una ayuda igual en toda la UE debido a las diferentes estructuras económicas y condiciones naturales, pero apunta a una nueva concepción de los pagos directos, que serán concedidos al agricultor activo, concepto que cobra especial relevancia y sobre el que la Comisión piensa trabajar en su redefinición.
Sirva como ejemplo este dato: En Castilla y León hay más de 98.000 perceptores de la PAC y, sin embargo, no llegan a la mitad los agricultores a título principal. De ahí que la Comisión proponga para el debate que arrancará una vez presentadas las propuestas el 17 de noviembre, una nueva distribución de los pagos directos a partir de la suma de distintas acepciones.
Según el borrador que se ha conocido esa ayuda se compondría de un pago básico, que apoyaría la renta y que consistiría en una cantidad desacoplada (no ligado a la actividad) dirigido a todos los agricultores aunque planteando un techo máximo para las ayudas directas a las grandes explotaciones. A este se sumaría un pago ambiental de carácter obligatorio con el objetivo de apoyar medidas ambientales a lo largo de todo el territorio de la UE; un apoyo específico a zonas con desventajas naturales específicas -que sería voluntario-; otros pagos acoplados voluntarios para hacer frente a problemas específicos en determinadas regiones; un apoyo a los pequeños agricultores a través de un mínimo de pagos directos, y finalmente, la simplificación de la condicionalidad.
市場
Respecto a la intervención en los mercados -una de las iniciativas más esperadas por el sector- lo cierto es que la Comisión no ha incorporado grandes novedades. Apuesta por mantener los instrumentos actuales aunque su idea general es la de adaptarlos a los distintos momentos e, incluso, aplicar otros nuevos como extender más tiempo los periodos de intervención, el uso de cláusulas de perturbación y la aplicación del almacenamiento privado a otros productos.
Por otro lado, reconoce la necesidad de aportar herramientas para la gestión de los riesgos vinculados a los cambios repentinos en los precios y ofrece una mejor combinación de las condiciones de competencia en la cadena alimentaria.
Con todo, lo que pretende la Comisión Europea es garantizar la importancia de la agricultura como proveedora de alimentos de alta calidad en un momento en el que hay que satisfacer las necesidades de una población mundial en rápido crecimiento y que continuará aunmentando.
No obstante, todo está todavía por definirse porque la Comisión va a diseñar un escenario de debate fragmentado en tres opciones que cerrarán a partir del verano que viene. Según esa propuesta, la reforma de la PAC podría llevarse a cabo con diferentes grados de intensidad. Podría limitarse a limar algunas discrepancias actuales, tales como una mayor equidad en la distribución de los pagos directos entre los Estados miembros y los agricultores. Podría hacer reparaciones generales de la política con el fin de garantizar que sea más sostenible, y la forma de lograr de nuevo el equilibrio entre diferentes objetivos políticos, los agricultores y los Estados miembros, en particular mediante la introducción de un enfoque más orientado a las prioridades. O podría efectuar una reforma más radical que se alejaría del a poyo a los ingresos y la mayoría de las medidas de mercado.
Aún así, lo que está claro es que la PAC seguirá manteniendo sus dos pilares. El primero, el de las ayudas a los agricultores a través de los pagos directos, y el segundo, la flexibilidad necesaria para que los Estados miembros adapten los instrumentos a sus necesidades específicas.
Fuente: Nortecastilla
